Unos 300 empleados públicos se han concentrado a las puertas del Edificio Torretriana, a las 10.30 de hoy para protestar contra el Plan de recortes aprobado, el pasado martes 15 de mayo, por el Gobierno Andaluz, el nuevo tandem formado por PSOE e IU. Una modificación del Plan Económico y Financiero 2012-2014 que supone un brutal ataque a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector público andaluz. Este plan fue presentado en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera del 17 de mayo. Entre pitadas, tambores y gritos de "no a los recortes" los sindicatos USTEA, CGT, y SAT han dejado claro que las soluciones en ningún caso pueden pasar ni por privatizaciones, ni por recortes ni por despidos, porque queremos unos servicios 100% públicos.
Tras las reuniones de las mesas generales y sectoriales el vicepresidente de la Junta, consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, anunció el pasado viernes el aplazamiento de la aprobación del decreto que sustenta el plan de ajuste presentado por el Gobierno andaluz, "unos diez o quince días", para negociar con todos los sindicatos el recorte salarial a los trabajadores públicos y poder buscar "elementos de consenso y de alternativas". ¿Pero de qué consenso y alternativas nos hablan cuando los 777 millones que tienen que salir del Capítulo de Gastos de personal son innegociables?¿Cuando las retribuciones en productividad de personal de confianza, coches oficiales, cesantías, gastos de protocolo y dietas ni se mencionan?¿Cuando se oscurece la bajada de salarios en el sector público empresarial para proteger los sueldos de directivos en detrimento de despidos y bajadas de sueldo de "curritos"? Que no nos engañen en esto, hoy más que nunca la oposición debe ser firme. No se pueden negociar recortes ni miseria, no podemos consentir ni una pérdida de empleo en el sector público andaluz.
Ante tales declaraciones, el Gobierno central, a través de su número dos del Ministerio, amenazó con «descontar» la participación de Andalucía en los fondos estatales reservados para el plan especial de pago a proveedores. Tanto los recortes como el ajuste del déficit público son elementos indispensables para que las Comunidades Autónomas puedan acogerse a la medida excepcional que permitirá abonar facturas a proveedores, y por la que el gobierno Andaluz confía en liquidar 750.000 facturas, por un total de 2.700 millones de euros.
Pero a los trabajadores y trabajadoras del sector público no nos valen las amenazas del gobierno central ni las excusas del gobierno andaluz. O están con nosotros, o son los brazos ejecutores del recorte. Esta clase política lejos de pedir cuentas a políticos corruptos y banqueros, prioriza el mantenimiento de sus privilegios y beneficios y pretende poner en conflicto el pago a PYMES proveedoras de la Junta con la bajada de salarios de las personas empleadas por el sector público, mientras que se inyecta a Bankia 19.000 millones de euros del dinero de tod@s. Sí hay dinero, está claro que se lo dan a los banqueros. La solución de Gobierno Central y Andaluz pasa por empobrecer a todas las empleadas y empleados públicos y reducir sus derechos y, con ello, las prestaciones de los servicios públicos a la ciudadanía.
Esta lucha no puede ser considerada una lucha sectorial de un colectivo de empleados y empleadas, porque es mucho más que eso, es el propio servicio público el que está en riesgo y con él la pérdida de derechos sociales de toda la ciudadanía. Hoy es más necesaria que nunca la unidad sindical contra los recortes en el sector público andaluz. Es el momento para que confluyamos en unidad de acción todos los sectores afectados, administración general, sanidad y educación, y ser cientos, miles, los que luchemos contra los salvajes recortes que quieren aplicar en la Administración en beneficio de unos pocos y en perjuicio de muchos. Ante esta situación solo hay un camino:
¡Ni un recorte ni un despido en el sector público!
¡Unidad y Movilización!
