Entre
las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de
febrero, de medidas urgentes para la Reforma del mercado laboral se
encuentra la actuación de las ETT como agencias de
colocación. En concreto en el artículo 1, que modifica el apartado
16.3 del E.T.(RD 1/1995,de 24 de marzo), se menciona que las ETT
podrán actuar como Agencias de Colocación siempre y cuando
cumplan con los requisitos establecidos en la ley 56/2003, de
16 de diciembre, de empleo, y su normativa de desarrollo al servicio
público de empleo competente. como SAT-JUNTA ya denunciamos en su
día que los perversos efectos de la reforma laboral afectaban
principalmente al sector privado pero también al sector público. Precisamente
esta medida supone una mercantilización del desempleo y la
privatización la actividad del servicio público de empleo estatal.
Dicha fórmula de contratación del empleo público, abre paso a la
destrucción del empleo público, y a las garantías de servicio
público que con él se preservan, sin garantías constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad es inaceptable y contraria al propio
Estatuto Básico del Empleado Público en lo que se refiere a la
contratación de personal en el sector público. Con el posterior
perjuicio que supone para los usuarios de dichos servicios públicos
ya que la prestación de los mismos atenderá a estos mismos
principios mercantilistas, así como a los itinerantes criterios de
los directivos de turno.
En el ámbito estatal con el gobierno del PP también hemos tenido ejemplos de la misma barbaridad. y es que en septiembre de 2012 se publicó una Orden Ministerial, en concreto la Orden HAP/2017/2012, de 20 de septiembre, por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría. En su artículo 1 hacía referencia a la insuficiencia de efectivos suficientes para realizar actuaciones de control y auditoría previstas en el plan parcial de auditorias y control financiero de subvenciones y ayudas públicas para el año 2013 y en el plan de control de fondos comunitarios para el año auditor 2012-2013, y por tanto la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control.
En el ámbito estatal con el gobierno del PP también hemos tenido ejemplos de la misma barbaridad. y es que en septiembre de 2012 se publicó una Orden Ministerial, en concreto la Orden HAP/2017/2012, de 20 de septiembre, por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría. En su artículo 1 hacía referencia a la insuficiencia de efectivos suficientes para realizar actuaciones de control y auditoría previstas en el plan parcial de auditorias y control financiero de subvenciones y ayudas públicas para el año 2013 y en el plan de control de fondos comunitarios para el año auditor 2012-2013, y por tanto la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control.
En
Andalucía, con la grandilocuente reivindicación de gobierno
"muralla"y "progresista" parece que nada tiene
que ver con la intención de destrucción del empleo público. Hoy
conocemos que la empresa de trabajo temporal ADECCO publica en su web
una oferta de contratación privada para desarrollar tareas
relacionadas con servicios públicos en el área de la Hacienda
Pública. y es más, en la misma oferta apunta que precisamente "la
externalización de la gestión de los recursos humanos optimiza
costes, flexibiliza la adaptación al cambio...etc..."
http://ofertas.adecco.es/
Desde el SAT defendemos los servicios públicos 100% gratuitos y de calidad, y ello pasa por garantizar que estos se prestan por profesionales públicos sin atender a intereses mercantilistas ni privados. El Gobierno de la Junta de Andalucía de PSOE e IU no puede permitir que las ETT intermedien en la contratación del personal de la Junta de Andalucía, ya que en ese caso estarían, en paralelo al gobierno del PP, privatizando el acceso a la función pública, con los efectos que esto pudiera conllevar. Exigimos que ninguna oferta de empleo público sea gestionada por el sector privado y en concreto por las empresas de trabajo temporal (ETT), empezando por la señalada. Pues de lo contrario, estaríamos ante otra muestra más de la "otra política de recortes y privatizaciones" , que el Gobierno de PSOE e IU estarían aplicando, al sur de Sierra Morena, en Andalucía "a su manera".
Desde el SAT defendemos los servicios públicos 100% gratuitos y de calidad, y ello pasa por garantizar que estos se prestan por profesionales públicos sin atender a intereses mercantilistas ni privados. El Gobierno de la Junta de Andalucía de PSOE e IU no puede permitir que las ETT intermedien en la contratación del personal de la Junta de Andalucía, ya que en ese caso estarían, en paralelo al gobierno del PP, privatizando el acceso a la función pública, con los efectos que esto pudiera conllevar. Exigimos que ninguna oferta de empleo público sea gestionada por el sector privado y en concreto por las empresas de trabajo temporal (ETT), empezando por la señalada. Pues de lo contrario, estaríamos ante otra muestra más de la "otra política de recortes y privatizaciones" , que el Gobierno de PSOE e IU estarían aplicando, al sur de Sierra Morena, en Andalucía "a su manera".
Sindicato Andaluz de Trabajadores/as en la Junta de Andalucía.(SAT-JUNTA). http://hayqpararleslospies.blogspot.com.es/ http://www.facebook.com/sat. deandalucia
