¿Qué defendemos?

EL SAT- Junta de Andalucía, defendemos: 

1. El derecho de la ciudadanía a tener un trabajo digno. Luchando por el establecimiento de políticas económicas sociales que conduzcan al pleno empleo.
2. El sector público. Luchando contra su privatización, y contra modelos de gestión gerencial y/o empresarial en los que prime la productividad cuantitativa frente al servicio público gratuito y la atención de calidad a la ciudadanía.
3. La promoción e incremento de las áreas de actividad del sector público dentro de la organización política y administrativa de la Comunidad Autónoma y del Estado en todos los ámbitos en que tradicionalmente intervienen, como es el sector sanitario, el educativo, el de la justicia, el asistencial, el de la seguridad social, el de la economía, el de la obra pública y la vivienda, el de la ciencia e investigación, el de la defensa del medio ambiente sostenible, y el cultural.
4. Promoción de una efectiva participación ciudadana en el ámbito de las Administraciones Públicas, a través de las entidades representativas legalmente constituidas tales como asociaciones, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, sindicatos, u otras, con el fin de que sus propuestas sean oídas y valoradas realmente en aquellos proyectos administrativos que les afecten, evitando de este modo que su participación constituya una mera formalidad sin ninguna relevancia práctica y real.
5. Gestión racional y honesta del dinero público. Defendiendo la racionalidad en la elaboración y ejecución de los Presupuestos de las Administraciones Públicas y la eficiencia y eficacia en el gasto público, restringiéndose todos aquellos gastos que no incidan directamente en la consecución del interés público, con una restricción de los gastos de carácter suntuario, de representación, de promoción de concretas alternativas políticas partidistas, y de cualesquiera otros que no obedezcan a una efectiva conciencia de austeridad pública y general beneficio.
6. Administración Pública profesional. Realizando cuantas actuaciones se estimen necesarias para conseguir que la actividad del sector público se guíe exclusivamente por criterios técnicos, de legalidad, de imparcialidad y de transparencia, así como de eficacia y eficiencia y la mayor calidad de servicio a la ciudadanía.
7. La erradicación del uso de criterios de oportunidad política, de conveniencia electoral de los partidos políticos y cualesquiera otros que pretendan una actuación de la Administración Pública que no sea la legal y profesional.
8. Erradicación de la corrupción en el ámbito de la actuación política y de la actividad de Administración Pública. Promoviendo la revisión de la legislación penal en este ámbito, con el endurecimiento de las penas previstas para los delitos de cohecho y prevaricación.
9. Mayor justicia social y distributiva. Promoviendo la mejora de la calidad de vida de las personas más desfavorecidas de la sociedad andaluza, a través de las prestaciones efectivas de más y mejores servicios públicos. Lucharemos por un modelo de sociedad en el que el espacio para la redistribución de la riqueza y los salarios indirectos que suponen los servicios públicos sean cada vez mayores. Es fin último de este modelo sindical la erradicación de las extremas desigualdades de la sociedad en la que vivimos.
10. Gestión pública de los servicios esenciales. Promoviendo el retorno al sector público del control de las actividades relacionadas con servicios de suministro de recursos esenciales para la ciudadanía (electricidad, telefonía, gas y agua).
11. Ampliación del sector público al sector bancario, promoviendo la creación de una banca pública al servicio de la pequeña empresa y la ciudadanía, con inversiones bajo criterio ético frente al modelo de inversión especulativa. Para ello se exije una reforma de las Cajas de Ahorro que no pase por la privatización.
12. Defensa de nuestros recursos, cultura y señas de identidad. Luchando por la defensa de nuestra soberanía alimentaria, de nuestros recursos, así como de nuestra cultura, frente a la centralización política y la homogenización cultural que pretende imponer el capitalismo global. Para ello es necesario recuperar nuestra soberanía política desde una concepción de izquierdas, que incluya con plenos derechos sociales y políticos a todas las personas que residen en nuestra tierra, que promueva la libre circulación de las personas, la mayor descentralización comarcal y municipal posible, así como la confederación en pié de igualdad con todos los pueblos de la tierra que luchen por estos mismos valores.
13. Sistema impositivo más justo. Realizando cuantas actuaciones permita nuestro ordenamiento jurídico o, en su defecto, promoviendo su modificación, para lograr una efectiva y real progresividad de nuestro sistema impositivo, que grave más a quienes tengan mayor capacidad económica y en el que la lucha contra el fraude fiscal sea prioritaria; y promoción de los cambios normativos necesarios para evitar que por la vía de la creación de entidades societarias interpuestas se evite la efectiva progresividad de la fiscalidad de las rentas.
14. Transformación de la sociedad andaluza. Cooperando con otras organizaciones políticas, sindicales y/o sociales, en la consecución de una Andalucía y un mundo más libres de cualquier tipo de opresión, discriminación y explotación.
15. En general, cualesquiera otros que signifiquen la defensa de la actividad del servicio público prestado por profesionales imparciales e independientes, desde la propia Administración Pública.

…. en el ámbito de las cuestiones laborales inmediatas reivindicamos...

OTRO MODELO DE FUNCION PUBLICA

Queremos un modelo de función pública administrativista, siguiendo el prestigioso modelo continental, que garantice los derechos de la ciudadanía de acuerdo con los art. 9 y 103 de la CE. Para ello, se ha de dotar a l@s funcionari@s andaluces de un Estatuto del Empleado Público, que desarrolle el Estatuto Básico, basado en la idea de independencia del emplead@ públic@ en el ejercicio de su función. La función pública ha de estar al margen de los vaivenes de los partidos políticos en el poder, debiendo, asimismo, de dejar de ser un botín de guerra de los partidos gobernantes para pasar a ser un instrumento al servicio de la ciudadanía.

1. Creación de nuevos cuerpos de funcionari@s y desaparición de otros, todo ello de acuerdo con la cambiante realidad social.
2. Defender el mantenimiento de la necesaria incompatibilidad entre el desempeño de las actividades correspondientes a la Función Pública y a los altos cargos de la Administración Pública, con el ejercicio de cualquier otra actividad retribuida que no sea la docente. Ello permite la defensa del respeto y la consideración profesional de imparcialidad hacia quienes trabajen al servicio de la Administración Pública.
3. Potenciar y desarrollar canales e instrumentos para mejorar, aumentar y agilizar la información a las trabajadoras y trabajadores, su participación en la toma de decisiones y su intervención efectiva en los asuntos que les afectan.
4. Exigimos que Juntas de Personal y Comités de Empresa tengan un papel efectivo en la toma de decisiones de los distintos organismos.

ACCESO Y PROMOCIÓN

1. En este sentido, se deben garantizar con objetividad material los sistemas de acceso de toda la ciudadanía y los de promoción profesional de l@s emplead@s públic@s.
2. El sistema preferente de ingreso será la oposición como sistema para evitar el enchufismo y garantizar a toda la ciudadanía las mismas oportunidades. Si bien, dicho sistema no significa que haya de ser nemotécnico exclusivamente. Excepcionalmente se debe poder ingresar a través de un concurso-oposición, pero sin que la fase de concurso supere nunca el 25% del baremo total y sin que la fase de oposición sea una mera cuestión trámite para que, en realidad, sea el concurso el que decida el ingreso con claro fraude de ley.
3. El rigor y la plena igualdad de oportunidades de los sistemas selectivos debe ser la línea maestra del acceso a la función pública.
4. Principio de especialización del trabajo. En Andalucía debe desaparecer el denominado sistema de “puesto de trabajo” en el que todo el mundo sirve para todo con independencia de los estudios exigidos para el ingreso en la Administración, desvinculándose de ese modo la Administración de la formación recibida por l@s emplead@s previa a su ingreso. Este sistema permite el nepotismo de dar a la clientela política los mejores puestos con independencia de los requisitos de las personas candidatas. Además, los poderes públicos han realizado una fuerte inversión en los individuos y a éstos para ingresar en la Administración se les han exigido determinados niveles educativos o titulaciones en su oposición de ingreso, no es lógico que luego realicen funciones ajenas a su formación, pues tal cosa supone un despilfarro de medios y a la larga una frustración para trabajadores y trabajadoras.
5. Deben desaparecer la áreas funcionales y establecerse la determinación básica de funciones de los puestos de trabajo como ocurre en la AGE. El sistema del puesto de trabajo ha tenido que crear otro invento para modular esa tropelía en la que participó activamente UGT, la de las áreas funcionales, que ha condenado la carrera profesional de muchos empleados y empleadas públicos, haciendo que la titulación universitaria que les fue requerida para el ingreso, no sea de utilidad ni al propio emplead@ ni a la Administración.
6. Definición de aquellas categorías que no están suficientemente esclarecidas.
7. La Administración ha cambiado los títulos en muchas categorías. Entendemos que esta norma debe llevar implícita la habilitación profesional de aquellos trabajadores y trabajadoras más antiguos que accedieron con otros requisitos de formación.
8. Para las diversas modalidades de promoción profesional se podrán articular sistemas de concurso-oposición siempre con rigor y objetividad.
9. Creación de una Comisión de Vigilancia multidisciplinar de acceso a la función pública en la que participen destacadas personalidades de reconocida integridad ética para velar por el cumplimiento material de los principios constitucionales del acceso a la función pública.
10. Excepto las personas titulares de Consejerías y Viceconsejerías el resto de los altos cargos de la Junta de Andalucía y de sus Agencias deben ser nombrados entre el personal funcionario de carrera.
11. La carrera profesional debe ser básicamente por concurso y llegar hasta los niveles 30. Frente a otras Comunidades Autónomas que el porcentaje de PLDs no llega al 2 % de la RPT, la Junta de Andalucía tiene un porcentaje cercano al 15 %, llegándose en algunas Consejerías al 25% del total de su RPT.
12. Sólo excepcionalmente, y en un número no superior al 2% de l@s emplead@s públic@s, el nombramiento podrá ser realizado por el sistema de Libre Designación y sólo para aquellos puestos cuyas circunstancias así lo exijan, tales como secretari@s de dirección y de órganos colegiados que tengan el deber legal de mantener sigilo o de secreto. En todo caso, el nombramiento no será de discrecionalidad absoluta como hasta ahora, donde el “premio” recae por afinidad política o de amistad personal.
13. Promoción profesional horizontal de forma que se estabilice al emplead@ públic@ en su puesto de trabajo consistente en la progresión profesional a través de un sistema de grados, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
14. Derecho a la promoción profesional vertical basada en la adquisición de un mayor nivel competencial en todos los ámbitos, sin que existan excepciones, como ocurre actualmente con el cuerpo de letrados de la Junta.
15. Promoción interna vertical, mediante el acceso a un cuerpo o escala del grupo o subgrupo inmediatamente superior, dentro de su mismo itinerario profesional.
16. Promoción interna horizontal, por el que se acceda a otro cuerpo o escala de un grupo o subgrupo de igual clasificación profesional.
17. Promoción interna mixta, mediante el acceso a un cuerpo o escala del grupo o subgrupo inmediatamente superior, correspondiente a otro itinerario profesional siempre que se reúnan los requisitos para su desempeño.
18. Que las vacantes sean ofrecidas en el orden reglamentariamente establecido, a saber, primero en traslados, después en promoción y por último en acceso a fijo en el caso de laborales.
19. Publicación de las bolsas completas que se generan con las ofertas públicas.
20. Derecho a la movilidad interadministrativa con la AGE, otras Comunidades Autónomas, Entidades Locales o Administraciones Públicas independientes.
21. Para el personal laboral se exige promoción, traslados y acceso a fijo con periodicidad anual.
22. En las Ofertas Públicas, deben ocuparse todos los puestos de trabajo dotados presupuestariamente.
23. Garantía anual de concurso de traslado.
24. Consolidación de grado anualmente frente al bianual actual.

FORMACIÓN DE PERSONAL

1. En los concursos se deben reconocer de una manera más objetiva los méritos alegados por l@s emplead@s públic@s.  Por ejemplo, no puede seguir ocurriendo que dos simples cursos del IAAP tengan más puntuación que una carrera universitaria.
2. Creación de una Escuela Andaluza de Administración Pública de calidad que ofrezca cursos de especialistas (con un año de duración) y de masters (con dos años de duración).
3. El IAAP no puede tener el monopolio absoluto de la validación de los cursos (bien directamente bien vía subvención sindical) hasta el extremo de no valorar los impartidos por universidades públicas, como ocurre ahora.
4. Organización inmediata de un sistema intensivo de inglés para todos l@s emplead@s públic@s y no sólo para los altos cargos y PLDs, como existe hasta ahora. Ni que decir tiene que España ocupa la vergonzante última posición europea en el nivel de inglés.

RETRIBUCIONES SALARIALES

1. Garantía de incremento del IPC para todos l@s emplead@s públic@s.
2. Garantía de recuperación del poder adquisitivo perdido.
3. Desaparición del complemento de productividad para ser absorbido en los complementos de destino o en el específico.
4. Nos oponemos a la pérdida de poder adquisitivo y exigimos la revisión salarial automática con la subida del IPC.
5. Exigimos subidas salariales lineales para que no sigan aumentando las diferencias entre grupos, garantizando una diferencia salarial máxima de 1 a 3 entre todos los puestos públicos.
6. Exigimos trienios iguales para todos los grupos y cuerpos.
7. Exigimos la homologación salarial con las comunidades autónomas más favorecidas.

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

1. Perfeccionar los reconocimientos médicos voluntarios, incluyendo, si se desean, evaluaciones ginecológicas y andrológicas, mamografías, etc. y la atención psicológica.
2. Eliminar todas las barreras que impidan o dificulten el acceso de personas con movilidad reducida.
3. Solicitaremos anualmente formación específica sobre Gestión de Residuos, actuaciones en caso de Incendios, Prevención de Riesgos Laborales, Primeros Auxilios y Gestión Medioambiental.
4. Haremos un seguimiento de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. El personal contratado, interino y subcontratado ha de disfrutar del mismo nivel de protección que el personal fijo.

MEDIO AMBIENTE

1. Fomentaremos el uso de las energías renovables (solar y eólica) en todos los edificios.
2. Promoveremos la recogida selectiva de residuos en los centros con más de 250 emplead@s. El material que pueda rehusarse se donará solidariamente. Sistema de compostaje de residuos orgánicos.
3. Por un transporte sostenible en las Administración de la Junta de Andalucía, impulsaremos más aún el uso de la bicicleta y el establecimiento de convenios con los transportes públicos, para desincentivar el uso del coche entre la plantilla. Al mismo tiempo apostamos por impulsar un programa para compartir coche entre emplead@s.
4. Apostaremos por la puesta en marcha de un plan de ahorro de agua, impulsando, por ejemplo, la utilización de aguas fluviales para riego y saneamiento.
5. Fomentaremos la introducción de alimentos agroecológicos, no transgénicos y de comercio justo en las cafeterias de los edificios-sede. Asimismo promoveremos la impartición de cursos de formación sobre alimentación saludable a l@s emplead@s (muchos tienen que comer en los centros o cerca de ellos).
6. Estableceremos puentes de comunicación y colaboración permanentes con colectivos ecologistas.

ACCIÓN SOCIAL

1. En la negociación de las medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, defenderemos que se homologuen y apliquen los opciones más favorables tanto de la normativa andaluza como de la estatal.
2. Lucharemos por la flexibilización horaria que nos permita una mejor adaptación de nuestra jornada, en especial a aquellas personas con cargas familiares.
3. Defenderemos el avance en la conciliación de la vida laboral y personal, aumentando los periodos en los que se realizan los cuadrantes de los turnos de vacaciones para aumentar así el tiempo en que se puedan planificar éstas, en especial las familias con hijos.
4. Reducción gradual de la jornada laboral a partir de los de 55 años sin merma de retribuciones. Jornada reducida para el personal con familiares incapacitados a cargo, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
5. Promoción del voluntariado social entre l@s emplead@s públi@s, mediante la mejora y articulación de permisos específicos.
6. Defenderemos el establecimiento de medidas que promuevan la paridad de mujeres y hombres en todo el sector público y en el conjunto de la sociedad.
7. Promoveremos la realización de actividades y encuentros de carácter cultural, lúdico o deportivo para las personas afiliadas y para el conjunto de trabajadoras y trabajadores.
8. Demandaremos un servicio de guardería de gestión pública para los Centros con más de 200 trabajador@s.
9. La demanda de un servicio de atencion sanitaria de gestión pública para los Centros con más de 200 trabajadores.
10. La exigencia de garantías de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de cualquier empresa concesionaria de servicios de la Administración, figurando como requisito en los Pliegos de Clausulas Técnicas.

TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA ACCIÓN SINDICAL

1. Los sindicatos no somos dueños de la voluntad de los trabajadores y trabajadoras. Somos sólo los portavoces de ésta. Por ello, desde el SAT creemos que es necesario que la plantilla participe y esté informada de todo lo que le afecta.
2. Desde las secciones sindicales del SAT informaremos a la plantilla de cada una de las reuniones que mantengamos,  tal y como venimos haciendo hasta el momento.
3. Las cuentas de la sección sindical SAT serán públicas y estarán disponibles para cualquier persona que las solicite.
4. Trabajaremos para democratizar los órganos de representación para que respondan a los intereses de sus representados, manteniendo siempre un diálogo fluido a través de asambleas informativas, charlas, debates, etc. En este sentido, impulsaremos que los comités de empresa y las juntas de personal en los SS.CC. Y DD.PP. informen de todas las reuniones con los cargos directivos de la Administración y tengan cuentas públicas, transparentes y a disposición de todas aquellas personas que las soliciten. En esta línea, haremos todo lo posible para que estos órganos presenten una memoria anual detallando sus actividades y sus economías.
5. Cuando sea necesario, facilitaremos la participación directa de las compañeras y compañeros en los órganos de representación para que sean ellos mismos los que expongan sus problemas y reivindicaciones.
6. El sindicalismo no es un oficio. Apostamos por reducir al máximo el número de liberados sindicales. Los sindicalistas del SAT ejercemos nuestro trabajo como funcionari@s/laborales y queremos seguir ejerciendo nuestro trabajo. No estamos en el sindicalismo como una forma de abandonar nuestro trabajo. La labor sindical requiere de tiempo, pero estar en contacto con la realidad laboral trabajando es clave para ejercer una buena labor sindical.
7. Promoveremos desde nuestra sección sindical la realización de asambleas por sectores, centros y generales para temas de especial importancia para que los trabajadores y trabajadoras sean protagonistas de lo que les afecta.
8. En caso de conflicto y negociación laboral mantendremos siempre informadas a las bases que participarán en todo momento de manera activa y protagonista. No convocaremos o desconvocaremos huelgas, ni firmaremos ningún acuerdo, sin consultar en asamblea a los trabajadores previamente. Las negociaciones, en especial cuándo sean sobre aspectos importantes, deben ir sustentadas y apoyadas por movilizaciones desde la base. Nunca se debe traicionar o ignorar a esas bases firmando acuerdos a sus espaldas o desconvocando movilizaciones desde arriba.